En noviembre 2015 tuvo lugar en París la COP21, último hito de una serie de negociaciones climáticas que desde la creación de la UNFCC tienen el objetivo de limitar el calentamiento global y reducir las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero en el sistema terrestre. Como resultado de la reunión, las “partes” de la conferencia, o sea los países, lograron un acuerdo que debería entrar en vigor en 2020, coincidiendo con el término del Protocolo de Kyoto. El presente artículo pretende poner en evidencia el carácter una vez más insuficiente de los acuerdos logrados en relación con sus probabilidades de alcanzar los resultados esperados, en continuación con la falta de éxito de los acuerdos precedentes. Se quiere resaltar la necesidad de decisiones drásticas de ruptura con el pasado, como único camino capaz hacia un desarrollo sostenible. Por este motivo, se realiza una pequeña reseña histórica de la violencia asociada al capitalismo en sus actos colonizadores y explotadores de recursos y se pasa sucesivamente a analizar las propuestas filosóficas de varios autores para reorganizar las sociedades a partir de otros paradigmas, encontrando obstáculos y ventajas a la realización de tales procesos.

El acuerdo de París, adoptado el día 12 de diciembre de 2015 —al término de la COP21—, establece que el aumento de la temperatura global no tiene que sobrepasar el nivel límite de 1,5°C respecto de los niveles preindustriales. Para entrar en vigor en 2020, es necesario que obtenga la ratificación y aprobación de los Parlamentos de, por lo menos, los 55 países que juntos representan el 55% de las emisiones globales de GEI (gases de efecto invernadero). La alianza de los pequeños Estados insulares, como países más expuestos al incremento del nivel del mar, ya se apresuraron a ratificar el acuerdo y ahora piden al resto del mundo no perder tiempo.

Autores como Hansel et al., calculan que existe un desfase entre los cambios en los forzamientos climáticos y la respuesta del clima (Ballester 2006: 161). Según los cambios térmicos observados y la energía acumulada en el sistema climático, estos autores calculan que hay energía almacenada en el planeta para asegurar un calentamiento adicional de 0,6°C. En otras palabras, el calentamiento del planeta no es de mañana, sino de ayer y continuará hasta por lo menos 1,4°C, suponiendo que volviésemos inmediatamente a la situación de hace 200 años. En este contexto, resulta difícil pensar realizable el objetivo de no sobrepasar el nivel límite de 1,5°C como plantea el Acuerdo de París.

Según Brand, en un sistema que se basa en la maximización de la ganancia, simplemente no es posible obtener crecimiento de la economía y la protección del medio ambiente al mismo tiempo (Peters 2014: 130).

En 1930, Keynes mencionaba que el límite absoluto de saturación, en términos de consumo, llegaría en 2030 (Acosta 2014: 102). Parece que su previsión se está revelando exacta. Y a pesar de esto, las grandes instituciones internacionales están basando los acuerdos climáticos sobre políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, sin plantear cambios en el paradigma del sistema económico dominante.

Los acuerdos de reducción de emisiones y los mecanismos introducidos por el Protocolo de Kyoto, más allá de haber dado vida a algunos efectos perversos, se han mostrado ampliamente insuficientes y el nuevo Acuerdo de París, que no prevé ningún mecanismo de sanción legal para los países que no cumplen con sus compromisos de reducción de emisiones “voluntarias”, parece por lo menos dudoso.

La Low Emission Development Strategy o Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones, como serie de políticas promovidas para la UNFCC con el objetivo de disociar el crecimiento económico de las emisiones de GEI en todo el mundo, corre el riesgo de convertirse, en términos trágicos, en la “utopía del siglo XXI”.

El pensamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) se puede resumir en pocas palabras, extraído de su informe “Perspectivas medioambientales para 2030”:

“La liberalización del comercio y de la inversión puede fomentar una asignación de recursos más eficiente a nivel global si se cuenta con una política ambiental y un marco institucional acertados… Asegurarse que la globalización lleve a un uso más eficiente de los recursos y al desarrollo y difusión de la ecoinnovación… Soluciones tecnológicas están ofreciendo nuevas perspectivas de desarrollo, como por ejemplo la CCS (Carbon Capture and Storage) y vehículos híbridos que se pueden volver cada vez más competitivos en términos de coste o el aprovechamiento de la biomasa de los residuos que permitirá limitar la expansión de tierras agrícolas para la producción de biocombustible”.

La captura y almacenamiento del carbono, muy exaltadas por las instituciones por su posibilidad de reducir la presencia de carbono en la atmósfera o por sus posibilidades de negocio, implican procesos químicos que producen la separación y el adelgazamiento del carbono.

Desde una perspectiva optimista, sería posible reducir entre el 80% y 90% de CO₂ generado por las centra-les termoeléctricas, pero en este caso los costes de producción de electricidad aumentarían entre 35% y 85%, además de los problemas de almacenamiento seguro del carbono aislado (IPCC, 2005). Entre una de las ideas propuestas, el almacenamiento oceánico parece tener muy poco sentido, considerando los problemas actuales de acidificación de los océanos debido a que los mares absorbieron el 60% del dióxido de carbono emitido antropogénicamente desde la Revolución Industrial.

Por cierto, la implementación de estas tecnologías, aunque perfeccionadas, llevaría a un aumento importante de los costes de producción de la energía, así como las propuestas de introducir impuestos fiscales sobre las externalidades negativas industriales, representadas por las emisiones de GEI. Todo esto podría terminar favoreciendo la expansión de los biocombustibles en el mercado de la energía.

A nivel global las energías renovables están en competición con los combustibles fósiles en el mercado de la energía. Hasta el momento, el petróleo sigue teniendo la mejor tasa de retorno energético (Villada, 2016), mientras entre los biocombustibles está el etanol de la caña de azúcar, el biodiesel de la soja y el etanol del maíz, cuyos cultivos han sido subvencionados especialmente en el “Corn Valley” de Estados Unidos desde la época Bush, ello pese a su escaso potencial energético, pero como una manera de favorecer intereses de los lobbies típicos del sistema político estadounidense.

El aprovechamiento de la energía solar tiene la cualidad de ser un sistema de producción de energía bastante limpio. Los paneles fotovoltaicos están constituidos de silicio, un elemento que es muy abundante en la naturaleza. Los inconvenientes surgen en la relación entre el potencial energético y la superficie necesaria: se estima que aprovechando todo el potencial fotovoltaico de la tierra, o sea cubriendo cada metro cuadrado de la superficie terrestre, apenas alcanzaríamos a satisfacer la demanda energética mundial de 2015 (REN21 2015: 59).

Entre las energías alternativas, las opciones más eficientes en cuanto a tasa de retorno energético, actualmente resultan ser la energía hidroeléctrica y eólica, aunque estas también impactan negativamente sobre la fauna de los ríos y la fauna avícola, además de afectar el curso de los ríos y provocar, en ciertos casos, desforestación.

Por cierto, la instalación de pequeños sistemas de EE.RR. resulta óptima para la seguridad energética de áreas rurales. Respecto de la implementación de EE.RR. en sistemas de red eléctrica nacional, desde el punto de vista legislativo, lo más natural sería permitir las políticas de autoconsumo con balance neto, que permite a los consumidores generar su propia electricidad a partir de fuentes de EE.RR. y contribuir con una inyección extra de energía a la red general, para percibir una remuneración en base a los términos contractuales en vigor. También en este caso, la lógica del capital corresponde a un límite para la sociedad con buenas intenciones: no se explica de otra manera la prohibición de estas políticas en España, sino como medida para imponer el oligopolio de las empresas eléctricas en el país. Sobre este tema cabe mencionar el trabajo de la Fundación Desarrollo Sostenible, que hace algunos años trabaja la campaña nacional “¡Corta los cables! La autosuficiencia eléctrica es posible”, para instar a los usuarios a instalar sus propios sistemas de autoconsumo independientes de la red nacional, como respuesta de soberanía energética y empoderamiento ciudadano1.

Es probable que la cuestión de la tierra constituya el problema más importante para las generaciones futuras, si no se cambia la legislación acerca de su uso y propiedad.

La OECD estima que a los ritmos de crecimiento actuales, en 2050 la producción combinada de alimentos y biocombustible, exigirá un 10% de incremento de terreno agrícola en todo el mundo, con la predominancia del modelo de cultivo industrial. Actualmente, el 50% de cereales se utiliza para el consumo animal y agro-combustibles. El monocultivo y el tipo de producción industrial con elevado uso de fertilizantes y pesticidas, produce serios daños a la biodiversidad y al medio ambiente en general. Además, hay que evidenciar que mientras el bosque húmedo tropical en su estado nativo almacena alrededor de 200 ton. de carbono por hectárea, un bosque degradado o intervenido almacena 70 ton. de carbono. Un área cultivada, dependiendo del tipo de cultivo, puede tener hasta 45 ton., mientras que las áreas de pasto generalmente contienen solo 2,5 ton. por hectárea.

Uno de los fenómenos más importantes del siglo XXI es, sin duda, el acaparamiento de tierras, o land grabbing, en inglés. Los inversores de todo el mundo se han dado cuenta que el precio de la tierra sigue aumentando y que la tierra fértil se ha convertido en una inversión relativamente segura en todos los rincones del planeta.

Se calcula que en los últimos años han cambiado de manos al menos 227 millones de hectáreas, la mayor parte en África Subsahariana (CIP Ecosocial, 2012). Como evidencia, Stefano Liberti en su libro “Nuevos Amos de la Tierra”, afirma que es en este nuevo fenómeno donde se encuentra la raíz de la crisis financiera de 2008 en los países enriquecidos, cuyos actores buscan nuevos activos seguros que encuentran en los mercados de materias primas alimenticias; además que la crisis energética que despierta el interés para la producción de biocombustible y el constante crecimiento demográfico destinado a no parar.

Es así como en nombre del desarrollo, aunque a través de acuerdos envueltos en el secretismo, los gobiernos de países emergentes o empobrecidos, en connivencia con el BM y el FMI, apoyan las transacciones de vastas extensiones de tierra a grandes corporaciones tanto nacionales como extranjeras, tratándose habitualmente de concesiones o arrendamientos a largo plazo (99 años) más que de compras (CIP Ecosocial, 2012).

En muchos casos se registra la expulsión o afectación de comunidades enteras de los espacios en los que vivían, ya que en estos países suelen no existir títulos sobre la tierra, sino que se trata de derechos consuetudinarios o comunales de propiedad estatal.

Barari Nyari, una ONG ghanensa, describe cómo la empresa noruega de agrocombustibles, Agrofuel África, aprovechó el sistema tradicional de tenencia de la tierra comunitario en el norte de Ghana para apropiarse y desforestar grandes extensiones de terreno y crear la plantación de jatropha más grande del mundo. Persuadieron a la población local analfabeta para firmar contratos con una simple huella dactilar, alimentando expectativas de empleo e ingresos que no se materializaron a medida que los bosques se iban vaciando y la población perdía los ingresos de sus productos forestales (White 2012: 11).

Entre los acaparadores de tierra, cabe señalar a China, Arabia Saudí, otros países del Golfo Pérsico y otras naciones ricas, entre las que destaca el Reino Unido. En particular, Arabia Saudí decidió, en 2008, mejorar su seguridad alimentaria a través de su Fondo Soberano de Inversión, Abu Dhabi Investment Authority, con el objetivo de arrendar y producir alimentos para importación en las llanuras fértiles de Etiopía.

Así, mientras en África —que es el continente más vulnerable y expuesto a los efectos del cambio climático— se invierte en producción de alimentos para exportación y biocombustibles, explotando mano de obra barata y bajos costes de producción; el Mecanismo Desarrollo Limpio, introducido en Kyoto, evidencia una distribución desigual de los proyectos: solo el 2,9% se localiza en África, mientras que Asia y el Pacífico representan más del 80%2. En tanto, los Fondos Soberanos de Inversión, que son vehículos de inversión de propiedad estatal, gestionados por los Bancos Centrales y cuyos capitales generalmente provienen de la exportación de materias primas como gas o petróleo, invierten principalmente en países desarrollados como Reino Unido, EE.UU. y España, en los sectores tecnológicos, banqueros, edilicios o de la energía, llegando en ciertos casos a obtener el control en sectores estratégicos de los países receptores. Por ejemplo, el gobernador de China Development Bank toma parte del consejo directivo del banco británico Barclays. Mallaby consideró que las protestas del senador norteamericano Jim Webb sobre la compra de Blackstone por parte de China, se debieron a que el gigante asiático puede llegar a ser propietario de información sensible (Santiso, 2014).

“El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a frugarse masivamente hace 500 años, constituye una categoría que permite explicar el saqueo, acumulación, concentración, destrucción y devastación colonial y postcolonial, así como la evolución del capitalismo hasta ahora. Con la conquista y colonización de América Latina, África y Asia, comenzó a estructurarse la economía mundial como uno de los elementos fundacionales de la civilización capitalista. Así se desarrolla y consolida la modalidad de acumulación extractiva determinada por los centros metropolitanos” (Acosta, 2014: 106).

El colonialismo fue una verdadera doctrina del desarrollo. El capitalismo tiene la necesidad constante de expandirse y el factor económico es la raíz de casi todos los conflictos de la historia. Así fue que, como consecuencia de la Revolución Industrial, Europa necesitaba expandirse en busca de regiones que proporcionaran materias primas y mercados. Las burguesías presionaban a los gobiernos para invertir capitales en ferrocarriles, puertos y préstamos a autoridades locales. Además, las colonias eran fuente de materias primas como oro, diamantes, algodón, seda, hevea. En la conferencia de Berlín de 1884–85, los países europeos se reparten África y la sumisión de su pueblo. Más allá de las razas étnicas, en 1890, al descubrirse diamantes y oro en las pequeñas repúblicas libres del Orange y Transvaal, de origen boer-holandés, estalló la guerra de Boers en 1899, donde los ingleses se apoderaron de las dos repúblicas, creando en 1910 la Unión Sudafricana (Martín Mateos).

Otra guerra colonial movida por el capitalismo fue la Guerra del Opio, que comenzó en 1839, cuando las autoridades chinas destruyeron un cargamento de opio en Cantón. El emperador se había dado cuenta de cómo los intereses de la East India Company británica en el comercio del opio estaban envenenando su pueblo. Los británicos respondieron a esta acción enviando buques de guerra en 1840. Obtuvieron una rápida victoria tras la firma del tratado de Nanjing, con lo que China se comprometía a pagar una gran indemnización, abrir sus puertas al comercio exterior y ceder Hong Kong al Reino Unido.

En África, los procesos de independencia fueron fomentados por la ONU desde 1945, en base al principio de autodeterminación de los pueblos contenido en su carta. Los procesos independentistas se cumplieron entre los años 60’ y 80’, acompañados por nuevas ideologías de panafricanismo y negritud concebidas y promovidas a nivel intelectual por personajes de la élite colonial africana que habían asimilado ideales independentistas, habiendo entrado en contacto en Europa con los ambientes intelectuales y universitarios, como Frantz Fanon y Du Bois.

Lejos de una emancipación real, durante la Guerra Fría África se convirtió en uno de los principales escenarios en los que se enfrentaron Estados Unidos y la Unión Soviética. Angola, por ejemplo, sufrió tras su independencia conseguida en 1975, después de 14 años de enfrentamiento contra Portugal, el inicio de una guerra configurada por dos partes: el movimiento para la liberación de Angola (MPLA) de José Eduardo Dos Santos, que obtuvo el apoyo incondicional de la Unión Soviética y de 60.000 soldados cubanos. Por otro lado, la Unión Nacional para la Independencia total de Angola (UNITA), liderada por Jonas Savimbi, fue respaldada directamente por EE.UU. y por el gobierno sudafricano del Apartheid. En 2002, la muerte del líder guerrillero Jonas Savimbi llevó al acuerdo de paz, dejando un reguero de un millón de muertos y 1/10 parte de la población mutilada por minas. Este conflicto se sustentaba a través de la venta de petróleo por parte del gobierno de Dos Santos a empresas como Chevron, Elf, Aquitaine, BP y Exxon, y de los diamantes por parte de la UNITA (Martín Mateos).

Al final de la Guerra Fría muchos países africanos iniciaron una fase de cambios profundos, fundamentada en el fracaso de la consolidación del Estado nacional. Más de treinta países africanos se vieron inmersos en una ola democratizadora que trascurrió de forma pacífica: Benin, Cabo Verde, Malawi, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Santo Tomé y Príncipe, Lesotho, República Centroafricana, Congo, Guinea Bissau, Sudáfrica y Zambia. En otro grupo de países, la respuesta al proceso de erosión estatal desembocó en el derrumbamiento del Estado postcolonial y el inicio de conflictos bélicos sangrientos como en Angola, Burundi, Chad, Liberia, República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Somalia y Sudán.

Algunos factores llevaron al debilitamiento y erosión de los Estados postcoloniales: los líderes de la independencia prefirieron dar continuidad a las estructuras político-administrativas y económicas que el colonialismo había impuesto, en lugar de sustituirlas con estructuras políticas autóctonas. Así se conservaron unas instituciones caracterizadas por fronteras artificiales y estructuras administrativas diseñadas para explotar las divisiones locales y satisfacer las necesidades de las metrópolis gracias a la exportación de pro-ductos agrícolas, minerales y materias primas. La naturaleza personalista y patrimonial de las élites africanas que centralizaron el poder político-económico, suprimiendo el pluralismo político y concentrando los recursos en sus comunidades étnicas de origen, perdiendo el apoyo y la legitimidad del resto de los grupos étnicos. También participaron, desde el punto de vista económico, los efectos de una década de ajustes estructurales de las economías en base a las condiciones de préstamos impuestos por el BM y el FMI, según la lógica del Consenso de Washington, junto con la retirada del respaldo bilateral que desembocó en el colapso estatal en países como Liberia y Somalia.

Un escenario característico de la violencia en África, causada por el control de las materias primas, es Nigeria. En la región del Delta del Níger —que concentra el 60% del petróleo de Nigeria, primer productor de crudo de la región subsahariana—, varias milicias armadas pertenecientes a diferentes grupos étnicos se enfrentan entre ellas y contra las fuerzas de seguridad estatal por el control del poder y los beneficios del petróleo. También participan ejércitos privados contratados por las transnacionales del petróleo, como Total, Elf y Shell. En la década de 1990, el “Movement for the Survival of the Ogoni People” (MOSOP), una población originaria de la región presentó la “Ogoni Bill of Rights” al gobierno militar de Babangida, pidiendo autonomía política. La protesta se direccionaba contra la Shell, responsable de la destrucción del Medio Ambiente. El MOSOP denunció al gobierno nigeriano y a la Shell frente al Subcomité de los Derechos Humanos de la ONU y lanzó un ultimátum a Shell y Chevron, amenazando con la destrucción de los pozos. Fue entonces que el gobierno envió al ejército a proteger las instalaciones. Después de varios enfrentamientos, el líder del MOSOP, Ken Saro Wiwa, fue apresado y condenado a muerte en 1995.

África, como mercado para la venta de las armas producida en los países desarrollados es seguramente un elemento estratégico sobre el que se basa el sistema capitalista en la época de la globalización. El financiamiento militar en 2015 es 15 veces mayor que la ayuda al desarrollo.

Según el Informe de 2014 del Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo, el gasto de EE.UU. fue de 610.000 millones de dólares (3,5% del PIB); Pekín, 216.000 millones de dólares (2,1% del PIB), y Moscú, 84.500 millones de dólares (4,5% del PIB).

La actitud bélica de los hombres no es nueva. Antiguamente las consecuencias ambientales de las actividades militares eran mínimas y, en el peor de los casos, se limitaban al incendio de los bosques o envenenamiento de víveres, lo que producía efectos acotados en el tiempo y espacio. En guerras más recientes se han desplegado nuevos tipos de armas, como municiones de alto poder explosivo, agentes químicos y materiales incendiarios, produciendo efectos ambientales mayores.

La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, causó una reducción del 38% de la productividad agraria a corto plazo en 10 naciones (Portilla).

En la guerra de Vietnam, los herbicidas químicos que el gobierno norteamericano compraba a empresas como Monsanto, destruyeron por completo 15.000 Km₂ de manglares. El llamado agente naranja contenía como impureza más de 100 kgs. de dioxina y la difusión de esta sustancia ha causado, desde entonces, defectos en los nacimientos, abortos y cáncer de hígado en los seres humanos.

Otro herbicida fabricado por Monsanto, el Glifosato, ha sido utilizado en la última década para las fumigaciones de los campos de coca en el “Plan Colombia”, gestionado por los gobiernos colombiano y estadounidense para combatir el cultivo ilícito, enriqueciendo así a la ya poderosa multinacional norteamericana y reduciendo en la pobreza extrema a los campesinos colombianos.

Como afirma Stefen Peters, el mundo desarrollado se encuentra en una crisis profunda y estructural. El crecimiento económico está estancado y países de la periferia europea atraviesan una fuerte y prolongada recesión. La crisis económica se transformó en una crisis social, debido al aumento de las tasas de pobreza, desempleo y desigualdades sociales en los países del norte. El malestar generalizado se convierte en reivindicaciones de democracia directa y los movimientos de ultraderecha van ganando terreno. Así se explica la avanzada electoral de movimientos políticos en Europa, como “Podemos” en España; “Movimiento 5 Stelle” en Italia; “Front Nacional” en Francia; “Syriza” en Grecia, y la extrema derecha del “Partido de la Libertad Austriaco” en Austria, que están poniendo en crisis a los sistemas bipartidistas.

Una vez más es evidente la presencia —dentro de los Acuerdos de París— de la lógica ortodoxa capitalista dentro de la economía globalizada actual. La experiencia de los Acuerdos del Protocolo de Kyoto, en vigor desde 2005, nos enseña que es imposible llegar a los resultados esperados en materia de cambio climático dentro de este paradigma que vuelve a las sociedades, instrumentalizadas por los Estados, hacia la maximización de la ganancia.

Según el Informe de los Objetivos del Milenio de 2015, desde 1990 a 2015 se han logrado progresos relevantes en la lucha contra la pobreza. Carlos Larrea evidencia las tres dimensiones insatisfactorias del crecimiento económico a nivel global: el crecimiento económico ha sido acompañado por aumento de la desigualdad social, conduciendo al mantenimiento del 50% de la población de los países en vía de desarrollo bajo la línea de la pobreza, mientras los beneficios se han concentrado crecientemente en una fracción reducida de la población. En 2010, mientras el 10% más rico de la población mundial continuaba en condiciones de pobreza, con un ingreso por habitante inferior a 2,5 dólares por día. El ingreso medio anual de 8,25 dólares diarios por persona duplica la línea de vulnerabilidad y es aproximadamente 4 veces mayor a la línea de la pobreza. Las otras dos dimensiones insatisfactorias del crecimiento son constituidas por la no sustentabilidad del crecimiento por parte del planeta y que la asociación entre la realización humana y la mayor posesión de bienes y servicios, más allá de la satisfacción de necesidades básicas, se ha mostrado débil. Según Larrea, las únicas opciones viables son la reducción del tamaño de las economías hasta límites sustentables o la reducción de su impacto ambiental.

Respecto de la reducción del impacto ambiental, para un contexto generalizado de despliegue mundial de tecnologías limpias, capaces de facilitar energía y productos para los niveles de consumo crecientes, garantizando al mismo tiempo el mínimo impacto ambiental sustentable por el planeta, será necesario esperar la implementación de nuevos inventos, que sean más eficientes, limpios y capaces, al mismo tiempo, de abastecer la demanda mundial. Hasta alcanzar este momento, será necesario reorganizarse en base a alternativas sociales que cuestionen el desarrollo en interpretación dominante de crecimiento económico. Acosta habla del inmediato decrecimiento planificado del extractivismo y la superación del concepto mismo de desarrollo, dando paso a alternativas como el Buen Vivir, a través de un proceso que pase por la desmercantilización de la naturaleza, la reorganización de la producción desenganchada de los engranajes de los mecanismos actuales de mercado y el principio de descentralización en temas de seguridad alimentaria y energética. Hay que dar paso a una transformación histórica y a una concepción biocéntrica desde una antropocéntrica.

Un tema a tener en cuenta es que la mayoría de la población condenada sistemáticamente a la exclusión y a la pobreza no reflexiona estas cuestiones, aspirando permanentemente a vivir con los niveles de consumo de los grupos más acomodados. Así se justifican los resultados electorales de los últimos años en Bolivia y Ecuador, países donde la introducción constitucional del Buen Vivir con su potencial revolucionario, ha cedido el paso a políticas neo-extractivas para fortalecer el Estado hasta el último rincón; construir patrias.

Las concepciones de Buen Vivir y plurinacionalidad, como autodeterminación política, autonomía de las comunidades y, sobre todo, la búsqueda de construir una sociedad alternativa, se han quedado en la literatura, mientras después de una década de bonanza económica, debido a los favorables precios internacionales de materias primas, Bolivia y Ecuador se encuentran con las inquietudes de una soberanía económica inestable, frente al riesgo de ver tumbar como castillo de cartas los proyectos político avanzados en los últimos años por el MASen Bolivia y Alianza País en Ecuador.

Desde una antropología que se debe a los pueblos indígenas amazónicos, encontramos el registro de una ontología social y cosmopolita contra el Estado y contra toda la globalización unificadora. Estas imágenes luchan contra el etnocentrismo productivista e individualista occidental, presentando las opciones de sociedades tribales o nómadas no como desarrollo, sino como opción positiva existencial. El antropólogo brasileño Viveiros de Castro destaca la descripción de la sociedad indígena como máquina antiproducción, en tensión con todo economicismo, sea liberal, marxista o andinocéntrico (Schavelzon, 2015).

Día a día, en América Latina vemos una búsqueda de autonomía, plurinacionalidad, Buen Vivir. El pueblo de Sarayaku; las comunidades del TIPNIS boliviano o de Junín en Intag y Mahu¬llo Khota en Potosí, usan estrategias de movilización, marchas nacionales, expulsión de invasores desarrollistas o resistencias subterráneas. En este contexto se enmarcan las experiencias de gobierno autónomo, recreando instituciones propias como la Alcaldía de Cotacachi en Ecuador o los 11 primeros municipios autónomos en Bolivia, así como los 156 Suyus ancestrales reconstituidos en la Asamblea del Pueblo Guaraní que construye su autonomía.

Para el Buen Vivir, la riqueza no consiste en acumular la mayor cantidad posible de bienes, sino en lograr un equilibrio entre las necesidades fundamentales de la humanidad y los recursos disponibles para satisfacerla. Todo esto se enfrenta a aquellas visiones de desarrollo sostenible que era y continúa siendo enarbolada por las empresas que quieren convertir el llamado desarrollo verde y ecológico en una nueva oportunidad de negocio. Según Acosta, el post desarrollo concibe que las personas y las comunidades no están necesariamente abocadas a satisfacer sus necesidades materiales, pues ellas forman parte de una constelación más amplia de necesidades construidas culturalmente. Justo estas construcciones culturales representan el límite social más grande respecto de la posibilidad de una reorganización post desarrollo, constituyendo una barrera a la toma de conciencia ciudadana.

En conclusión, se evidencia que los Acuerdos de París están caracterizados por una lógica economicista y productivista que no se aleja del pasado. Se trata así de hacer pasar el capitalismo con la nueva cara de salvador del mundo, gracias a los inventos y beneficios que derivarán de nuevas inversiones, en muchos casos transferencias públicas hacia empresas privadas, mientras estas acciones, por su debilidad y con carácter más reformista que revolucionario, difícilmente llegarán a conseguir los resultados esperados. Con toda probabilidad, la falta de determinación de hoy será la pesadilla del mundo de mañana. Analizando la historia, nos damos cuenta de cómo, en la mayoría de los casos, los cambios estructurales de las sociedades surgen desde la base de la pirámide social. Así es que la reorganización desde un pueblo que tenga como prioridad absoluta garantizar su soberanía alimentaria y energética, es una característica siempre presente y que siempre volverá en las sociedades de cada época.