La jurisprudencia constitucional del Ecuador identifica a la acción de protección como la garantía jurisdiccional a través de la cual se tutela el derecho –reconocido en el artículo 25 del Pacto de San José– a un recurso efectivo que ampare a las personas contra actos que lesionan derechos fundamentales. Por otra parte, desde 2019 a la actualidad la Corte Constitucional ecuatoriana ha reglamentado el uso de esta garantía jurisdiccional para limitar abusos de derecho que habrían ocurrido desde su instauración y evitar así su desnaturalización. En este orden, el artículo persigue ofrecer una visión sistémica de la situación a través del análisis de los principales casos que la Corte Constitucional del Ecuador ha analizado para, posteriormente, contrastarlos críticamente con los estándares interamericanos de protección judicial. Finalmente se proponen posibles soluciones normativas e institucionales a la conflictividad señalada.