Mediación y proceso judicial

Resumen

La finalidad principal de este texto consiste en demostrar que la Ley 19.968, que crea los Tribunales de Familia, en específico su Título V, relativo a la mediación familiar, no goza de una elaboración satisfactoria. Esto quiere decir que utiliza un lenguaje ambiguo, poco claro y en casos extremos no regula ciertas problemáticas. Caso contrario a lo ocurrido en España, donde la mediación se encuentra regulada en leyes específicas, y su formulación es más detallada, solventando problemáticas que nuestra ley no realiza. Claro ejemplo de ello es el principio de confidencialidad, tema principal de este artículo. Para abordar esta problemática, se utilizará un caso hipotético, en el que dos partes en conflicto solicitan a un juez de familia declarar admisible, en la audiencia preparatoria, un informe pericial presentado en una mediación anterior que trata sobre las necesidades psicosociales o socioeconómicas del niño, niña o adolescente. ¿El juez puede declarar admisible aquella prueba? ¿O por el contrario debiese declararla inadmisible por ser contraria al principio de confidencialidad establecido en el artículo 105, letra c, de la Ley 19.968? ¿Nuestra ley dice algo sobre aquel tema? ¿Qué principio tiene mayor valor? ¿El principio de confidencialidad u otros tales como el interés superior del niño, niña o adolescente? Lo ideal sería que nuestro sistema legal regulara todos los acontecimientos que sucedieran en la realidad, sin embargo, aquello no es factible, por tanto, es deber tanto de los jueces como de los abogados propender a buscar siempre la mejor solución para el conflicto que se desenvuelve ante ellos, aun cuando la ley no determine una solución concreta, siendo fundamentales los principios generales del derecho que nutren nuestro sistema, evitando, de esta forma, decisiones injustas, las cuales pueden afectar de manera permanente las relaciones familiares.