Este trabajo examina el fallo de la Corte Suprema de Chile en la causa rol 30488-2024, que constituye un hito en la interpretación del artículo 140 del Código Procesal Penal al incorporar la perspectiva de género y los estándares internacionales de derechos humanos como criterios esenciales para la aplicación de la prisión preventiva. Mediante el examen del expediente, la doctrina y tratados internacionales como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok, se concluye que la Corte exige a los tribunales considerar los contextos de vulnerabilidad estructural, especialmente en relación con mujeres migrantes y madres en situación de precariedad. Así, el fallo no plantea una oposición excluyente entre la observancia de la legalidad procesal y la incorporación de la perspectiva de género, sino que promueve una integración armónica de ambos enfoques. En este sentido, la perspectiva de género debe ser comprendida y aplicada como un estándar interpretativo que favorece la utilización de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, garantizando una justicia penal más equitativa, respetuosa de la igualdad y efectiva en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres imputadas.